Sánchez Lerma, Gemma Angélica
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Sánchez Lerma
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Gemma Angélica
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Derecho
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Publication Open Access Tribunales de cuentas y aportaciones al avance en políticas de igualdad(Tribunal de Cuentas, 2020) Sánchez Lerma, Gemma Angélica; Derecho; ZuzenbideaAsistimos a una progresiva concienciación de la necesidad de incorporar a las políticas de los Estados los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El ODS 5 es el objetivo de carácter trasversal dirigido a lograr la igualdad de género. Las políticas de igualdad de género están fuertemente relacionadas con la gestión de los fondos públicos. La no obtención de los resultados esperados en políticas de género derivada de malas decisiones en la asignación de los recursos públicos no es otra cosa que utilización de los fondos públicos contrariamente a los principios de economía, eficiencia y eficacia, principios que deben presidir, en cualquier caso, la gestión de los fondos públicos. El Desarrollo sostenible se configura como el marco natural para el análisis, caracterización y propuesta de las acciones y medidas que —desde el control externo de las políticas públicas y con compromiso a nivel de liderazgo— puede realizarse para avanzar en la igualdad de género por las instituciones públicas de control externo (Icex). El principio de la igualdad de género deber ser uno de los más importantes objetivos del control externo porque, por su transversalidad, está presente en todas las políticas públicas. Para ello se precisa un cambio de enfoque en las fiscalizaciones, superando el mero control de regularidad de las actuaciones económico financieras en este ámbito, utilizando herramientas y técnicas que nos permitan una proactiva valoración de la obtención de los objetivos marcados en relación con el ODS 5.Publication Open Access Responsabilidad contable y gestión en las sociedades públicas(Asocex, 2014) Sánchez Lerma, Gemma Angélica; Derecho Público; Zuzenbide PublikoaParejo al incremento en el número de sociedades mercantiles creadas por las administraciones públicas en estos primeros años del siglo, se ha ido detectando un cada vez mayor número de situaciones en las que la inadecuada gestión realizada por los administradores o responsables de dichas sociedades ha dado lugar a un claro perjuicio en el patrimonio y los fondos de las sociedades públicas. Sujetas como están al control de la administración matriz, y a la fiscalización de los órganos de control externo, el elevado número de irregularidades y corruptelas detectadas, ha provocado una evidente reacción contraria a su existencia de la que es buen ejemplo la normativa al efecto de la reciente Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la administración local. Sin embargo en la actual coyuntura el ciudadano lo que exige es la depuración de responsabilidades. En el presente artículo se analiza la doctrina jurisprudencial y su problemática sobre la responsabilidad contable, a que pueden estar sujetos los gestores y administradores de sociedades públicas.Publication Open Access Fiscalización externa de los convenios urbanísticos de las Administraciones Públicas con particulares(Tribunal de Cuentas, 2007) Sánchez Lerma, Gemma Angélica; Cabeza del Salvador, Ignacio; Derecho Público; Zuzenbide PublikoaLa diversa normativa promulgada en nuestro país desde 1956 proclama al urbanismo como una función pública, que se configura como potestad administrativa y se fundamenta en un estatuto jurídico de la propiedad del suelo. Sobre los poderes públicos recae toda la responsabilidad de la ordenación urbanística del territorio, guiándose esta actividad por el interés público. En este contexto se contempla la participación de los particulares en términos de colaboración con el poder público. El convenio urbanístico constituye una manifestación de esa colaboración privada en la acción urbanística. Es una figura jurídica que implica un acuerdo de voluntades entre las partes dirigido a un fin articulado al servicio objetivo del interés general, tratando de facilitar el desarrollo, gestión y ejecución del planeamiento, y presentado como límite, por razón de la materia, la indisponibilidad de transacción sobre las potestades urbanísticas administrativas. La heterogeneidad propia de la materia urbanística y la consideración de los variados contenidos de los pactos dificulta la determinación uniforme de su naturaleza y consecuentemente, el establecimiento de un régimen jurídico unitario. Esto afecta a la labor de control externo dado que no es posible la reducción a parámetros unitarios aplicables en forma general a todas las manifestaciones de convenios urbanísticos que se pueden dar en la práctica. La fiscalización externa de los convenios urbanísticos constituye una de las áreas de especial riesgo, tanto por su incidencia real en la ordenación territorial de nuestras ciudades como por su repercusión económica en las haciendas locales. Además, no debe olvidarse la presencia abusiva de esta figura en recientes fenómenos de corrupción urbanística. En una fiscalización de regularidad sobre esta materia, el conjunto de procedimientos y pruebas de auditoría deben de estar dirigidos a formarse una opinión sobre si: • Las partes convinientes reúnen los requisitos de capacidad suficiente para convenir. • Se ha cumplido el procedimiento de aprobación de los convenios y el resto de formalidades legalmente establecidas. • El objeto del convenio no es contrario al interés público, ni al ordenamiento jurídico ni al principio de buena Administración. El interés público debe constituir el referente del convenio y quedar suficientemente acreditado en el expediente. • Se han cumplido los efectos del convenio, es decir, los pactos estipulados se han materializado de acuerdo con las condiciones convenidas y, en su caso, dentro del plazo señalado. Desde el ámbito de la fiscalización operativa, el trabajo de revisión debe orientarse a concluir si la figura de los convenios constituye un instrumento adecuado para facilitar y lograr una gestión más racional del urbanismo en nuestros municipios.Publication Open Access Aspectos de legalidad en las fiscalizaciones de internalizaciones o remunicipalizaciones(Asocex, 2018) Sánchez Lerma, Gemma Angélica; Derecho; ZuzenbideaEn nuestro entorno asistimos a una tendencia más o menos generalizada de cuestionamiento de las formas de gestión indirecta de los servicios. El debate se plantea en términos políticos y sociales, y son muchos los fenómenos asociativos creados con la finalidad de defensa de las formas de gestión directa. La incorporación de estas ideas en los objetivos estratégicos definidos en los programas políticos, ha dado lugar a decisiones de modificación de la forma de gestión de los servicios públicos, que dada su incidencia tiene que ser objeto de actuaciones de fiscalización por las Instituciones de Control Externo (ICEX). Este artículo analiza los principales aspectos y comprobaciones que deben realizarse en las fiscalizaciones de cumplimiento de legalidad en esta esta materia.