En noviembre de 1392 las Cortes de Navarra concedieron una ayuda de 85.000
florines al rey Carlos III. La recaudación de este tipo de ayudas
era laboriosa, y solía dilatarse bastante en el tiempo. No era extraño que el
monarca acudiese al préstamo para solucionar problemas puntuales de liquidez, que
podían solventarse con relativa rapidez después del cobro masivo de una ayuda.
A comienzos de 1393 el Consejo Real de Navarra ordenó cobrar por adelantado lo
que se denominó “préstamo de los notarios realles et conceialles et porteros del
regno”. Se trataba de un préstamo forzoso, que recaía sobre
empleados “públicos”, que trabajaban para la corona o los municipios.
Este préstamo se enmarca dentro de una serie de esfuerzos demandados a
diferentes grupos de personas beneficiadas por la distribución de renta que ejerce la
corona. Lo más interesante de este préstamo forzoso es que su recaudación dio lugar a la elaboración de una nómina de todos los notarios y porteros del reino en el año 1393.
