Las facultades de la ciudadanía y la administración en la respuesta ante el daño ambiental

Abstract

En un contexto social de crisis ambiental acuciante, la institución de la responsabilidad jurídica aplicada al daño ambiental constituye un importante instrumento de reacción en manos de la Administración y la Ciudadanía. El trabajo sitúa su punto de atención en el estudio de la posición activa que desempeña la Administración dentro del sistema de responsabilidad ambiental y cuyo efectivo desarrollo ha de corresponder a los ciudadanos controlar, con el fin de que todo daño ambiental sea provisto de una solución, incluso en situaciones de incertidumbre alrededor del sujeto responsable del mismo. A través de la concepción sistémica del medio ambiente, se aborda el análisis de la teoría del daño ambiental, al objeto de establecer un concepto de daño unitario y omnicomprensivo, así como las fórmulas adecuadas para su reparación. En lo sucesivo, el estudio de las relaciones entre las diferentes formas de responsabilidad reguladas en el grupo normativo aplicable al daño ambiental, posibilita la definición de las exclusiones y excepciones a la responsabilidad ambiental. Mientras que la parte final del trabajo se dedica a la descripción de la posición activa de la Administración y la Ciudadanía en la gestión de la respuesta ante el daño ambiental, insistiendo en la clasificación y explicación de las potestades administrativas y de los mecanismos de intervención ciudadana que actúan frente al daño. Como resultado se constata que la normativa aplicable no agota la regulación de todas las formas de daño ambiental, existiendo importantes lagunas en el sistema de responsabilidad que determinan la aparición de daños huérfanos, en relación con los cuales no resulta posible el despliegue de una respuesta efectiva por parte de su causante. Además, dada la confluencia de las potestades administrativas sobre el medio ambiente y del derecho de toda persona a la preservación ambiental, se articula una relación triangular entre el responsable del daño, la Administración y los ciudadanos, que reviste un carácter imperfecto, determinado por la problemática relativa al hecho de que la Administración no siempre hace uso de las potestades de las que dispone para enfrentar el daño (exigir la reparación o actuar directamente), mientras que los ciudadanos pueden carecer en la práctica de medios para requerir la actuación administrativa.