Desafío 5: preparar nuestro estado del bienestar para una sociedad más longeva

Abstract

En las últimas cuatro décadas, España ha logrado conquistar una de las grandes aspiraciones de todo país: aumentar la esperanza de vida de su ciudadanía hasta alcanzar unos niveles sin precedentes en la historia. A principios del siglo XX, la población española tenía una esperanza de vida al nacer de apenas 35 años. Hoy, está por encima de los 83 y es la tercera más alta del mundo, solo superada por las de Suiza y Japón. Este espectacular aumento de la longevidad ha venido acompañado de un notable incremento de la esperanza de vida en buena salud. No solo vivimos más años, sino que, además, lo hacemos con mejor salud y un mayor grado de autonomía que antes; algo que debemos a las mejoras en alimentación e higiene, a la adopción de hábitos de vida más saludables y al desarrollo de un estado de bienestar amplio y moderno que ha permitido trasladar el progreso biomédico al grueso de la sociedad. Durante las próximas tres décadas, la esperanza de vida de la población española seguirá aumentando (podría hacerlo en más de 3 años), lo que provocará un fuerte envejecimiento de nuestra pirámide demográfica. En 2050, 1 de cada 3 españoles tendrá 65 años o más, y por cada persona en esta franja de edad habrá solo 1,7 personas en edad de trabajar (hoy, hay 3,4). Ni las posibles mejoras en la tasa de natalidad ni un incremento de la inmigración podrán revertir completamente este escenario. Este envejecimiento traerá importantes oportunidades sociales y económicas al país, pero también notables desafíos para la sostenibilidad del estado de bienestar. De aquí a mediados de siglo, el gasto público en pensiones en España podría incrementarse en hasta 5 puntos de PIB; el gasto sanitario podría aumentar en más de 1 punto de PIB; y el número de personas mayores de 65 años beneficiarias de ayudas a la dependencia podría duplicarse. Para capear este cambio, nuestro país deberá mejorar la eficiencia de sus servicios públicos y, sobre todo, lograr que las personas en edades avanzadas tengan una participación cada vez más activa en la vida económica y social. Esto implicará superar anticuados estereotipos sobre la vejez, adaptar muchos empleos a las expectativas y capacidades de los trabajadores y trabajadoras más sénior, y facilitar la compatibilización de la pensión con el empleo. Si conseguimos equiparar las tasas de actividad de nuestra población mayor de 55 años a la de países como Suecia o Dinamarca, España ganará 1,6 millones de personas activas de aquí a 2050, algo que ayudará enormemente a mitigar los impactos negativos de la caída de la fuerza laboral y a mejorar el bienestar de millones de hogares. Al mismo tiempo, habrá que asegurar la suficiencia y sostenibilidad de las pensiones públicas, garantizando la equidad entre generaciones; reforzar y reformar nuestro Sistema Nacional de Salud; y mejorar nuestra red pública de cuidados de larga duración. Ello puede generar un aumento del gasto, pero también traerá consigo nuevos empleos y empresas que podrían acabar siendo una parte importante de nuestra economía futura y una pieza fundamental para la sostenibilidad del sistema.