El mayor volumen de las operaciones comerciales y de negocios internacionales se realizan en el seno de grandes grupos multinacionales. Esta realidad ha permitido a estos grandes grupos a organizar su estructura y operativa global, desde una perspectiva fiscal, de manera que desarrollan políticas de planificación fiscal para reducir al máximo su carga fiscal global erosionando la base imponible del impuesto sobre sociedades de entidades integrantes del grupo. En particular, es especialmente relevante la política de precios de transferencia de estos grupos. Por este motivo, a partir del llamado Plan de Acción BEPS de la OCDE, un amplio número de jurisdicciones, incluida España, han incorporado medidas para identificar dónde se produce este efecto erosivo en el seno del grupo multinacional. Concretamente, nuestra jurisdicción ha incorporado la obligación Country-by-Country (CBC), para informar sobre la imagen global de la cadena de valor de determinados grupos multinacionales de gran tamaño para identificar con mayor eficacia y enfocar los recursos destinados a la inspección de este grupo concreto de grandes contribuyentes, al mismo tiempo que ha incorporado o suscrito los correspondientes mecanismos para el intercambio automático de CBC entre jurisdicciones. Sin embargo, la novedad de esta incorporación, así como determinados aspectos de nuestra normativa, nos lleva a plantear su análisis jurídico desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europea y constitucional. Asimismo, la falta de un régimen propio de infracciones y sanciones plantea igualmente dificultades desde un punto de vista jurídico interno y europeo para la aplicación y eficacia del régimen general previsto en nuestro ordenamiento jurídico. Por esto, hemos realizado un análisis jurídico de la normativa española CBC.
