Memoria histórica y democracia en España: la tensión entre memoria, justicia y olvido, respecto al franquismo

Abstract

El proceso de transición a la democracia en España, se asentó sobre la reconciliación y una de sus normas clave fue la Ley 46/1977, de Amnistía, que contó con un amplio respaldo parlamentario. La Sentencia del Tribunal Supremo 101/2012, de 27 de febrero, recordó cómo en nuestro ordenamiento, en determinados casos, pese a la posible existencia de hechos delictivos, la responsabilidad penal no puede ser declarada. Entre estos supuestos, se encuentra conforme al artículo 130 del Código Penal, la muerte del reo o la prescripción del delito, y también la amnistía, según estaba previsto en el art. 112.3 del Código Penal de 1973. El Auto del Tribunal Constitucional 80/2021, de 15 de septiembre de 2021, consideró que el derecho consuetudinario internacional es una fuente penal insuficiente por no responder a los principios de lex scripta, praevia y certa. El Proyecto de Ley de Memoria Democrática, que en estos momentos se debate en el Parlamento, pretende dar cobertura al reconocimiento a las víctimas de la Guerra y la Dictadura. Nuestro Estado de Derecho se asienta sobre los principios de legalidad, seguridad jurídica, e irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, consagrados en el artículo 9.3 de la Constitución.

The roots of the democratic transition process in Spain lie in reconciliation – one of the main legislative instruments of which was the 46/1977 Amnesty Law which had broad parliamentary support. The Supreme Court’s Decision 101/2012 dated 27 February gave a reminder that, in our legal system, there may be some cases in which criminal responsibility is dismissed, despite possible criminal acts. Pursuant to Article 130 of the Criminal Code, these cases include death of the accused or the statute of limitations in respect of the crime as well as amnesty, according to Article 112.3 of the 1973 Criminal Code. Order 80/2021 of the Constitutional Court of 15 September 2021 held that customary international law is an inadequate criminal source since it does not meet the principles of lex scripta, praevia and certa. The Democratic Memory bill, being debated in Parliament, aims at affording greater recognition to victims of war and dictatorship. Our Rule of Law is grounded in the principles of legality, legal certainty and non-retroactivity of harsher sentences, enshrined in Art. 9.3 of the Constitution.