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La prevención de riesgos laborales en el ejército de tierra

La implementación de los sistemas de prevención de riesgos laborales en el ámbito de las Fuerzas Armadas a raíz de la sentencia de 12 de enero de 2006 de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas conlleva una problemática particular por cuanto es difícil deslindar las exigencias de sus cometidos de aquellos riesgos que pueden, y deben, ser controlados. Además requiere una adaptación de la normativa existente y un trabajo de mentalización de la cadena de mando, ya que lo que se realizaba de forma instintiva hay que ejecutarlo ahora dentro de un nuevo marco legal que además no está coordinado con las estructuras, tanto orgánicas como presupuestarias, existentes en la institución. Esto ha llevado al Ejército de Tierra, a dotarse de un cuerpo normativo dirigido a permitirle integrar la prevención de riesgos laborales en sus actividades, sin que sea un freno o impedimento para el cumplimiento de sus misiones, que tal vez no sea el idóneo para conseguir la integración plena de todas las actividades. El conjunto presenta unas dificultades derivadas de las estructuras militares, a la que hay que añadir la relativa al personal que debe desempeñar estos puestos, principalmente por la falta de un sistema de capacitación e incentivación coherente con las necesidades de la institución. Por otro lado, el Real Decreto 1755/2011, en su artículo 6, parece dejar fuera de la cobertura del sistema de prevención a las actividades de instrucción, adiestramiento y operativas, al derivarlas a una normativa específica. La definición de estas actividades dada en el texto legal parece dejar una amplia zona gris, que puede permitir la interpretación del concepto por la cadena de mando, y que no se disipará en tanto no haya jurisprudencia al respecto. El trabajo desarrollado busca correlacionar toda la normativa de aplicación en el ámbito civil con la correspondiente a las actividades desarrolladas en el seno del Ejército, y todo esto con la realidad, para llegar a identificar las disfunciones existentes a identificar aquellos aspectos que puedan modificarse para lograr un mejor funcionamiento del sistema, siendo fiel tanto al espíritu preventivo de la norma como a la necesidad de mantener una relativa independencia en lo que afecta a aquellos cometidos puramente militares, a los que no puede aplicarse aquella en toda su extensión.