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Oinarrizko eskubideen defentsa adimen artifiziala dela-eta
(2019) Goñi Sein, José Luis; Derecho; Zuzenbidea
Adimen artifiziala araurik gabe dabil munduan eta pertsonon etorkizuna moldatzen du. Zalantza izpirik gabe, hortaz, konforme egonen zarete nirekin: problema etiko, politiko eta juridikoen iturri da. Apal-apal bada ere, adimen artifizialak enpresaren eta lan harremanen esparruetan duen eragina aztertzen saiatuko naiz, baita identifikatzen ere zer printzipio etiko errespetatu behar diren haren garapenean eta erabileran baldin eta oinarrizko eskubideak babestu nahi baditugu.
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Jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo acerca del despido colectivo: la reforma laboral del 2021 y los cambios en la negociación colectiva
(Ediciones Cinca, 2024) Goñi Sein, José Luis; Pérez Capitán, Luis; Derecho; Zuzenbidea
En el presente texto, se muestra la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo en su Sala de lo Social acerca del despido colectivo. Su análisis nos pone frente a un derecho vivo en el cual son múltiples las cuestiones que continuamente suponen un conflicto jurídico.
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El derecho del delegado sindical no miembro del comité de empresa a recibir información de la empresa: comentario a la STS 273/2024 de 13 febrero de 2024 (Rec. 159/2021)
(Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2024-11-01) Goñi Sein, José Luis; Derecho; Zuzenbidea; Institute for Advanced Research in Business and Economics - INARBE
El sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada obtuvo dos miembros de un total de 13 en las elecciones a Comité de empresa de Securitas Seguridad España SA en la delegación de Cádiz. Posteriormente, nombró delegado sindical a la Sra. Rafaela, que no era miembro del comité de empresa. Al anunciar la empresa Securitas su intención de iniciar un procedimiento colectivo de extinción, la delegada sindical solicitó documentación a la empresa sobre la cantidad total de horas extras realizadas por la plantilla, las horas extras abonadas por la empresa, el escalafón de todos los trabajadores de Securitas en la provincia de Cádiz y el tipo de contrato aplicado a los trabajadores. La empresa Securitas le contesta que la documentación solicitada no era información pertinente de conformidad con el artículo 64 ET, que se trata de información que podía obtenerse de otros documentos, y que se informaba de ello al comité de empresa. Solo le entrega el escalafón de todos los trabajadores de Securitas y los nombres de los trabajadores en los que Securitas se subrogó. La delegada sindical presentó demanda en vulneración de la libertad sindical. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó la demanda y declaró la existencia de vulneración de la libertad sindical en su vertiente del derecho a la información, condenando a la empresa a cesar en su actuación y a indemnizar a la delegada en 2000 euros por daños morales. La sentencia es recurrida en casación ordinaria por la empresa.
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Sentencia del Tribunal Constitucional 39/2016, de 3 de marzo. Instalación de cámaras de videovigilancia para la obtención de pruebas y deber de información previa
(Universidad de Salamanca, 2016) Goñi Sein, José Luis; Derecho Privado; Zuzenbide Pribatua
Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 39/2016, de 3 de marzo [BOE n.º 85, de 8-IV-2016] sobre la utilización por parte del empresario de los sistemas de vídeo-vigilancia en el lugar de trabajo, fijando en la STC 39/2016, de 3 de marzo, adoptada en Pleno, un nuevo criterio sobre el cumplimiento del deber de información previa del artículo 5 de la lo 15/1999, de Protección de Datos de carácter Personal (LOPD), que matiza la doctrina anterior establecida en la STC 29/2013.
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Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación individual de trabajo
(2014) Goñi Sein, José Luis
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Política de uso de los medios digitales y participación de los representantes de los trabajadores
(Ediciones Cinca, 2024) Goñi Sein, José Luis; Derecho; Zuzenbidea; Institute for Advanced Research in Business and Economics - INARBE
La presente sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2024 ha venido a incidir sobre una importante cuestión relativa a la intervención de los representantes de los trabajadores (RRTT) en la elaboración de la política corporativa y los efectos derivados de su incumplimiento. La normativa de protección de datos (art. 87 LOPD) parte de que son los empleadores quienes deberán «establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente». Pero, al mismo tiempo, dispone que «en su elaboración deberán participar los representantes de los trabajadores». La norma deja en el aire la cuestión del tipo de intervención que se debe garantizar a los RRTT: no queda claro si tan solo se reconoce un derecho de información pasiva, o un derecho de información activa como el intercambio de opiniones o la consulta previa. Por otra parte, tampoco especifica si esa participación de los representantes de los trabajadores se refiere solo a la elaboración de las políticas de uso, o se extiende también a las modificaciones posteriores.
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La doctrina del vínculo: ¿infringe el derecho de la UE?
(Universidad Carlos III de Madrid, 2024-07-17) Goñi Sein, José Luis; Derecho; Zuzenbidea; Institute for Advanced Research in Business and Economics - INARBE
La doctrina casacional sobre la teoría del vínculo viene entendiendo que cuando el consejero o administrador realice cometidos directivos o ejecutivos, se produce una subsunción de la realización laboral en la societaria, haciendo prevalecer la naturaleza mercantil sobre la laboral. Sin embargo, una consolidada doctrina del TJUE no permite excluir, en estos supuestos, la existencia de una relación laboral a los efectos de la aplicación del Derecho de la Unión. A la luz de la referida jurisprudencia del TJUE, se defiende en este trabajo una reconsideración de la prevalencia sistemática de la relación mercantil sobre la relación laboral, y la aplicación, en su caso, de la teoría del vínculo cuando la persona que preste servicios por cuenta de la sociedad posea el control efectivo de la misma o ejerza una influencia decisiva.
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Sistemas de inteligencia artificial y prevención de los riesgos laborales: obligaciones del proveedor y del empresario
(Universidad Carlos III de Madrid, 2024-10-29) Goñi Sein, José Luis; Derecho; Zuzenbidea; Institute for Advanced Research in Business and Economics - INARBE
El propósito de este trabajo es analizar la interacción existente entre el Reglamento UE de Inteligencia Artificial y la normativa de prevención de riesgos laborales, respecto de la utilización de los sistemas de IA en el ámbito laboral. Estas dos normativas presentan una identidad de razón en cuanto al enfoque basado en el riesgo y al objetivo, pues tratan de mitigar los potenciales riesgos, pero, al mismo tiempo, presentan diferencias notables sobre el alcance del riesgo, dando lugar a antinomias. Se trata de resolver estas antinomias, haciendo una interpretación integradora de los dos sistemas normativos y de sus finalidades, con el objeto de establecer el conjunto de obligaciones que deben tener en cuenta, tanto el proveedor de IA, como el responsable del despliegue (empresario) para su introducción en el mercado y su puesta en servicio, desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales.
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Seguridad Social y prácticas, protección social de los becarios, efectos sobre ayudas a usuarios y familiares, programas de prácticas exentos
(2014) Goñi Sein, José Luis; Gómez Ferreiro, Francisco; Mercader Uguina, Jesús
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Contratas, subcontratas y convenio colectivo aplicable
(Ediciones Cinca, 2022) Goñi Sein, José Luis; Derecho; Zuzenbidea; Institute for Advanced Research in Business and Economics - INARBE
La reforma laboral de 2021 mantiene prácticamente inalterado el régimen jurídico laboral de las contratas y subcontratas. Tan solo contiene dos novedades de ruptura: una, orientada a evitar la temporalidad, lo que se intenta conseguir encauzando la contratación de personal a la figura del contrato fijo discontinuo; y otra, que mira a corregir la situación de desigualdad que sufren las personas trabajadoras de las empresas contratistas o multiservicios con relación al personal de la empresa principal, mediante la eliminación de la prioridad aplicativa del convenio de empresa en materia salarial. En este artículo se presta especial atención a la eficacia de las nuevas medidas de contratación laboral de cara a evitar la situación de precariedad de estos trabajadores, y se aclara la polémica cuestión del convenio colectivo aplicable. En síntesis, se mantiene, por un lado, la tesis de que, aun mejorando la situación de estabilidad de los trabajadores, no desaparecen algunos vestigios de precariedad; y, por otro lado, que la función garantista de la norma (nuevo art. 42 .6 ET) no puede circunscribirse a la aplicación del convenio colectivo de sector de la actividad desarrollada por la empresa contratista o subcontratista sino a la que resulte atendiendo a la actividad desarrollada por la empresa principal.