Person:
Goñi Irulegui, Ainhoa María

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https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/53431

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Goñi Irulegui

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Ainhoa María

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Derecho

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    PublicationEmbargo
    Resolución extrajudicial de litigios en materia de consumo en la UE y la propuesta de revisión de la directiva "RAL"
    (JM Bosch Editor, 2024-11-01) Goñi Irulegui, Ainhoa María; Derecho; Zuzenbidea
    El legislador europeo ha desarrollado, como alternativa a los procedimientos judiciales, un marco jurídico que los Estados miembros deben implementar para garantizar un acceso eficiente a la reparación de los consumidores en la UE cuando los consumidores solicitan reparación por los daños que pueden causarles los comerciantes. Tiene su base jurídica en el art. 114 del TFUE relativo a la realización del mercado interior que confiere a la UE competencia para adoptar medidas para la aproximación de las normas nacionales relativas al establecimiento y funcionamiento del mercado. Este marco jurídico de armonización mínima de la normativa, que debe aplicarse por igual en toda la UE, ofrece, no obstante, a los Estados miembros un amplio margen de discreción para diseñar los sistemas de resolución alternativa de litigios.
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    PublicationEmbargo
    La prueba electrónica en el entorno digital de la empresa
    (2024) Goñi Irulegui, Ainhoa María; Riaño Brun, Iñaki; Richard González, Manuel; Derecho; Zuzenbidea
    En el ámbito laboral, la transición digital ha provocado que las evidencias digitales sean la fuente más importante de información sobre la actividad desarrollada por los trabajadores. Estas evidencias digitales son una potente herramienta de acreditación de hechos jurídicos, que pueden ser aportadas por cualquiera de las partes de la relación laboral ante los órganos jurisdiccionales de lo social. No obstante, la prueba de los hechos digitales o electrónicos se enfrenta a varios desafíos. Uno se refiere a la obtención de dicha evidencia por incidir en la esfera de los derechos fundamentales de las personas. En la tesis se profundiza sobre la forma de acceder desde la óptica de los derechos digitales reconocidos a los trabajadores por la normativa de protección de Datos personales (RGPD (UE) y LO 3/2018), estableciéndose los criterios de constitucionalidad que se deben observar en la investigación forense de cada uno de los medios tecnológicos utilizados, al objeto de obtener una prueba lícita. Otro de los aspectos problemáticos, aún en estadio preprocesal, es el acceso a los elementos de prueba que pudiera disponer la otra parte, (generalmente el empresario, al controlar los medios digitales) para tomar una decisión o fundamentar la demanda. Aquí se apuesta por recurrir al trámite de diligencias preliminares y solicitar el auxilio judicial. Los desafíos surgen también en relación con la particular naturaleza alterable de estas evidencias, lo que suscita la pregunta de cómo deben recogerse y custodiarse, sugiriéndose la posibilidad de la aplicación de la cadena de custodia, a fin de garantizar la inalterabilidad. Ya en el proceso, el gran reto es cómo y cuándo incorporar estas evidencias digitales al proceso judicial, y qué valor probatorio atribuir, lo que está directamente relacionado con la naturaleza jurídica. Sobre el debate procesal existente en torno a la consideración como medio documental o autónomo de estos medios digitales, se propone la extensión de la atribución del carácter de prueba documental del correo electrónico a los otros medios digitales, a efectos de una posible revisión fáctica de la sentencia de instancia por la vía del recurso de suplicación.