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La prueba electrónica en el entorno digital de la empresa

En el ámbito laboral, la transición digital ha provocado que las evidencias digitales sean la fuente más importante de información sobre la actividad desarrollada por los trabajadores. Estas evidencias digitales son una potente herramienta de acreditación de hechos jurídicos, que pueden ser aportadas por cualquiera de las partes de la relación laboral ante los órganos jurisdiccionales de lo social. No obstante, la prueba de los hechos digitales o electrónicos se enfrenta a varios desafíos. Uno se refiere a la obtención de dicha evidencia por incidir en la esfera de los derechos fundamentales de las personas. En la tesis se profundiza sobre la forma de acceder desde la óptica de los derechos digitales reconocidos a los trabajadores por la normativa de protección de Datos personales (RGPD (UE) y LO 3/2018), estableciéndose los criterios de constitucionalidad que se deben observar en la investigación forense de cada uno de los medios tecnológicos utilizados, al objeto de obtener una prueba lícita. Otro de los aspectos problemáticos, aún en estadio preprocesal, es el acceso a los elementos de prueba que pudiera disponer la otra parte, (generalmente el empresario, al controlar los medios digitales) para tomar una decisión o fundamentar la demanda. Aquí se apuesta por recurrir al trámite de diligencias preliminares y solicitar el auxilio judicial. Los desafíos surgen también en relación con la particular naturaleza alterable de estas evidencias, lo que suscita la pregunta de cómo deben recogerse y custodiarse, sugiriéndose la posibilidad de la aplicación de la cadena de custodia, a fin de garantizar la inalterabilidad. Ya en el proceso, el gran reto es cómo y cuándo incorporar estas evidencias digitales al proceso judicial, y qué valor probatorio atribuir, lo que está directamente relacionado con la naturaleza jurídica. Sobre el debate procesal existente en torno a la consideración como medio documental o autónomo de estos medios digitales, se propone la extensión de la atribución del carácter de prueba documental del correo electrónico a los otros medios digitales, a efectos de una posible revisión fáctica de la sentencia de instancia por la vía del recurso de suplicación.

In the field of employment, the digital transition has made digital evidence the most important source of information about the activity carried out by workers . Th ese digital evidence s are a powerful tool for accrediting legal facts, which can be provided to the social jurisdictional organs by any of the parties that are part of the employment relationship. However, the proof of digital or electronic facts faces several challenges. One relates to obtaining such evidence because it touches on the sphere of fundamental rights of individuals. The thesis delves into how to access from the perspective of the digital rights recognized to workers by the Personal Data Protection Regulations (RGPD (EU) and LO 3/2018), establishing the criteria of constitutionality that must be observed in the forensic investigation of each of the technological means used, in order to obtain lawful evidence. Another problematic aspect, still in the pre trial phase, is access to the evidence available to the other party (usually the employer, when he controls the digital media) in order to make a decision or substantiate the claim. This is where the decision is made to go to pre trial proceedings and request judicial assistance. Challeng es also arise in relation to the particular alterable or volatile nature of this evidence, which raises the question of how it should be collected and guarded, suggesting the possibility of applying the chain of custody, in order to guarantee inalterability. I n the process, the great challenge is how and when to incorporate this digital evidence into the judicial process, and what probative value to attribute, which is directly related to the legal nature. Regarding the existing procedural debate regarding the consideration of these digital media as documentary or autonomous media, it is proposed to extend the attribution of the nature of documentary evidence of email to other digital media, for the purposes of a possible factual review of the lower court ruling through appeal.