Un análisis comparativo: diversidad de líneas de transformación de los servicios sociales en España

En este capítulo se presenta un análisis comparativo de las distintas líneas de transformación de los servicios sociales que las CCAA están desarrollando en respuesta a los retos sociales a los que se enfrentan. Esta comparación se realiza a partir de los análisis monográficos de cada CCAA, complementada con la incorporación de una selección estratégica de indicadores disponibles a nivel estatal para todas las CCAA. Más allá de la constatación de las diferencias existentes entre los distintos sistemas autonómicos de servicios sociales, pretendemos profundizar en el sentido y la explicación de las mismas. Si bien los desarrollos legislativos y sistemas organizativos guardan una similitud entre el conjunto de sistemas autonómicos de Servicios Sociales (Alonso Seco 2017; Casado 2010; OCDE 2022), el desarrollo operativo de los mismos se ha hecho a diferentes velocidades y con diverso grado de eficacia respecto al logro de sus objetivos. En este desajuste aparecen distintas lecturas. Algunas comparativas de los servicios sociales de las CCAA en España realizadas previamente han presentado la diversidad de situaciones casi exclusivamente como un elemento de debilidad del sistema, que dificulta su conocimiento, introduce desigualdades y limita su impacto general (OCDE 2022). El análisis que aquí presentamos trata de mostrar, en primer lugar, que además del contraste que nos muestra la foto fi ja de las CCAA, es importante conocer y valorar los procesos, los ritmos y los momentos diferentes del cambio y la orientación del mismo para una adecuada comprensión de su lógica y de su alcance. En segundo lugar, es una cuestión relevante plantearse si estas diferencias ampliamente constatadas entre los sistemas de servicios sociales de las CCAA en cuanto al desarrollo de unos u otros servicios tienen alguna justificación, si presentan cierta coherencia con las características peculiares de cada territorio o si, más bien, se deben a las distintas prioridades y criterios políticos a la hora de concebir y de desarrollar este sistema de protección. Incluso cabe pensar, en tercer lugar, si estas diferencias autonómicas introducen también elementos de dinamismo, de innovación y transferencia al conjunto del sistema estatal o si más bien se van configurando sistemas estancos con escaso aprendizaje mutuo. En cuarto lugar, no debe perderse de vista que el modelo de convivencia que nos hemos dado, concretado en la propia Constitución y en los Estatutos de Autonomía, opta muy claramente por la descentralización en este ámbito de la responsabilidad pública. Se asume implícitamente, por tanto, que la existencia de diferencias significativas en los servicios sociales de las CCAA y de los municipios son el legítimo resultado de la voluntad democrática expresada por la ciudadanía en las correspondientes elecciones en cada uno de sus ámbitos territoriales. Finalmente, y relacionado con lo anterior, parece razonable que las decisiones políticas que han ido configurando estas diferencias autonómicas, estén sujetas al escrutinio público, con información suficiente y de calidad, y con plena transparencia. Sólo de esta forma, las opciones políticas que adopta la ciudadanía serán plenamente democráticas. Esto es todavía más importante en un sistema como los servicios sociales, dirigido a un sector de la población muy reducido y, en buena medida, especialmente vulnerable. Sin una experiencia directa de uso en la mayor parte de la ciudadanía, sólo con una información de calidad y con plena transparencia, ésta puede valorar correctamente si los servicios sociales que se prestan son adecuados en volumen y calidad, se ajustan a su estructura de prioridades y se corresponden con los impuestos que paga.