Más allá de una ley estatal: necesidad, viabilidad y alternativas a la iniciativa del gobierno

Al margen del debate sobre el alcance que pueda tener, nadie pone en cuestión la dimensión social de la Constitución Española de 1978, que define a España como un Estado social y democrático de Derecho y que ha hecho posible el desarrollo el Estado de Bienestar, incluso a contracorriente, justo en un momento en el que se cuestionaba su viabilidad y se recalibraban sus programas en muchos países europeos. La Constitución indica que el Estado, además de garantizar los derechos y libertades civiles y democráticas, se compromete con la garantía de derechos sociales a toda la ciudadanía: 'corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas' (art. 9.2).