Primeras aproximaciones a la Ley reguladora de la protección de la persona informante y de lucha contra la corrupción: sus principales implicaciones desde la perspectiva penal.

La aprobación de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción responde a la transposición tardía de la Directiva 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones de Derecho de la Unión. La ley pretende proteger frente a posibles represalias a quienes informen, incluso anónimamente, de la existencia de determinadas infracciones en el seno de una entidad pública o privada, regulando del mismo modo los sistemas de información. Esta investigación persigue tres objetivos: en primer lugar, determinar si la Ley de protección a la persona informante amplía los mecanismos de protección con relación a lo establecido en la Directiva. En segundo lugar, si la propuesta recogida en esta ley permite respetar las garantías básicas que deben ser reconocidas a toda persona afectada por la información, sobre todo en el ámbito del proceso penal y, por último, si los mecanismos establecidos en la ley resultan o no adecuados para aproximarse al principal objetivo perseguido por el legislador, esto es, el descubrimiento y la evitación de conductas irregulares, incluidas las delictivas, que inciden sobre todo en el ámbito público.

The approval of the Law regulating the protection of people who report regulatory infractions and the fight against corruption responds to the late transposition of Directive 2019/1937, regarding the protection of people who report violations of Union law. The law aims to protect against possible reprisals those who report, even anonymously, the existence of certain infractions within a public or private entity, regulating information systems in the same way. This research pursues three objectives: first, to determine whether the whistleblower protection law establishes greater protection mechanisms in relation to what is established in the Directive. Secondly, if the regulation transposition established in this Law allows to respect the basic guarantees that must be recognized to any person affected by the information, especially in the field of criminal proceedings and, finally, whether or not the mechanisms established in the future law are adequate to approach the main objective pursued by the legislator, that is, the discovery and the avoidance of irregular conduct, including criminal conduct, which mainly affects the public sphere.